La obra titulada “La verdad del oro negro boliviano”, escrita por Jorge Aramayo Montes, ingeniero mecánico especializado en petróleo, con más de 30 años de servicio en YPFB, tuvo la virtud de haber desarrollado y puesto en práctica sus conocimientos en diferentes actividades de su especialidad y en otras ocasiones haber representado a la estatal petrolera en el exterior.
Su obra refulgente de sentido nacionalista, como defensor del patrimonio nacional, constituye un mensaje a la conciencia, una clarinada para las generaciones del presente y futuro, porque en sus páginas se vierte la verdad de la inicua explotación de los hidrocarburos por las empresas petroleras transnacionales, caracterizadas por su amplia visión económica, pero de estrecha y lacerante visión social, cuyos intereses siempre estuvieron ligados al crecimiento de sus gigantescos monopolios, a la división desigual entre las naciones que poseen un alto grado de desarrollo industrial y las naciones vasallas, proveedoras de materias primas, como es el caso de Bolivia. Además, con la pretensión osada de mantener el mecanismo del poder a su disposición para dictar leyes, sentencias de los tribunales, impuestos, etc., a cambio de coimas millonarias a favor de la villanía gubernamental de turno.
Esta triste realidad es el reflejo de la historia dramática de las naciones pobres que siendo poseedoras de ingentes riquezas de gas y petróleo, viven desprotegidas, en medio de injusticias y desventuras, despojadas de sus derechos de propiedad y de los beneficios que depara la explotación industrial de las materias primas.
El autor hace una reseña sucinta de la historia del petróleo, ponderando en algunos casos y criticando en otros, de los cuales citamos algunos:
Ley de Hidrocarburos 1689
Esta ley, considerada como nefasta y contraria al interés económico del país, particularmente en lo que se refiere a la clasificación de los campos petroleros en “nuevos” y “existentes”, con el objeto principal de convertir los 25 campos petroleros descubiertos por YFPB en campos nuevos (San Alberto, Itaú, Margarita, etc.) para tributar el 18% por concepto de regalías y no el 50%, ocasionando una pérdida global al Estado de 3.152 millones de dólares.
En este latrocinio el principal protagonista fue Arturo Castaños, ex presidente de YPFB, que al ser retirado de la empresa estatal petrolera fue contratado inmediatamente por Petrobras, contraviniendo la Ley 1689. Por su actitud traidora a la Patria fue calificado de inmoral.
Descontrol del pozo Monteaguado MGD-X-7
El descontrol de este pozo, cuyo incendio ocasionó al Estado pérdidas millonarias, fue atribuido por negligencia al Ing. Carlos Miranda Pacheco, por incumplir con sus obligaciones y fue retirado de YPFB sin pago de beneficios sociales, etc.
Reservas de gas y petróleo
Por las reservas probadas de gas natural en la fecha de la capitalización, de 5,7 trillones de pies cúbicos y de las reservas probadas de petróleo 160 millones de barriles, las empresas capitalizadoras debieron pagar al Estado la suma total de 36 mil millones de dólares, importe que actualmente flota en la nebulosa.
Costo de las consultorías
Utilizamos el adagio “en río revuelto ganancia de pescadores” para aplicarlo a un grupo de ciudadanos que, con la rimbombante denominación de consultores, cobraron sumas exorbitantes al TGN por trabajos contrarios al interés nacional, ahí está por ejemplo la desintegración de YPFB, los ferrocarriles, LAB, etc., citamos algunos casos:
Juan Careaga $us 356.076.-
Jorge Berindoague “ 166.796.-
Carlos Miranda Pacheco “ 76.921.-
Javier Lema “ 82.363.-
Aníbal Aguilar Gómez “ 69.058.-
Xavier Nogales “ 19.526.-
Valentín Abecia “ 17.620.-
Cayetano Llobet “ 14.417.-
etc., etc.
Frente al desmán de la antipatria, conviene reflexionar que ha llegado el momento de que los inversionistas extranjeros, industriales nacionales, dirigentes políticos, cívicos, sindicales, etc., aprendan las lecciones oprobiosas del pasado, admitiendo que no se puede mantener por más tiempo una situación forzada contraria al interés mayoritario y lesiva al interés económico del país. Esta es la razón para que la ciudadanía exija al Gobierno Nacional que cumpla con el mandato soberano del pueblo boliviano de “Octubre de 2003”, de proceder a la realización de una verdadera nacionalización de los hidrocarburos.
Al concluir, nuestros parabienes al autor de la obra mencionada, por su invalorable contribución a la sapiencia nacional.
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